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CONGRESO MEXIQUENSE AVANZA EN INICIATIVA PARA PROTEGER A MENORES DE PRÁCTICAS NOCIVAS

*La protección de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier práctica cultural o interés privado

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó reformas al Código Penal estatal que establecen penas de hasta 15 años de prisión para quienes promuevan, faciliten o impongan el matrimonio infantil, el concubinato o la cohabitación forzada entre personas menores de edad.

La iniciativa contempla sanciones para quienes obliguen, induzcan, coaccionen, gestionen, consientan u ofrezcan este tipo de relaciones, incluso cuando se realicen sin fines de lucro o a cambio de pagos en efectivo o especie. Las penas van de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa.

• La justicia penal debe castigar con firmeza las conductas que vulneran la dignidad infantil

Las sanciones podrán aumentar hasta en una mitad cuando el delito se cometa con violencia o en contra de personas menores de edad con discapacidad, o que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas. En estos casos, las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y seis mil días multa.

La propuesta fue presentada por los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, y será discutida en el Pleno del Congreso del Estado de México. La reforma también contempla sanciones cuando los actos sean cometidos por los propios padres o madres.

• La erradicación del matrimonio infantil exige responsabilidad familiar, institucional y legislativa

Durante la sesión, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, el legislador Vladimir Hernández Villegas dio lectura al dictamen, destacando que el Estado tiene la obligación indeclinable de actuar como garante de los derechos de las personas menores de edad.

Desde una perspectiva humanista, la reforma reafirma que niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos, cuya dignidad y proyecto de vida deben ser respetados por encima de cualquier costumbre o tradición que pretenda justificar el matrimonio infantil.

• La legislación debe reflejar una visión ética que priorice el desarrollo libre y pleno de la niñez

El diputado Octavio Martínez Vargas celebró que el dictamen incorporara diversas aportaciones, señalando que los altos índices de embarazo adolescente en la entidad interrumpen la preparación académica y limitan el futuro de las y los jóvenes.

Finalmente, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón reconoció que esta iniciativa fortalece el marco jurídico para erradicar el matrimonio infantil, incorporando agravantes en casos cometidos contra personas con discapacidad, indígenas o afromexicanas.