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LEGISLADORES MEXIQUENSES IMPULSAN SANCIONES MÁS SEVERAS CONTRA UNIONES FORZADAS DE MENORES

 

En el marco de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura estatal, diputadas y diputados respaldaron una iniciativa que propone sancionar con hasta 22.5 años de prisión a quien obligue, consienta o facilite uniones forzadas entre menores de edad.

La propuesta busca erradicar prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) y la legisladora Miriam Silva Mata (PVEM) manifestaron su apoyo a la iniciativa presentada por la bancada del PAN, que responde a la apertura de más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculado a uniones forzadas en 2024.

• Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan concentran la mayor incidencia de estos casos.

La propuesta, impulsada por los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, plantea reformar el Código Penal estatal para sancionar con entre 8 y 15 años de prisión —y hasta 22.5 años en casos agravados— a quien obligue, induzca, gestione o consienta relaciones de hecho entre menores o entre un menor y un adulto, sin importar creencias religiosas o usos y costumbres.

La pena se incrementaría si la víctima tiene alguna discapacidad o pertenece a pueblos indígenas o afromexicanos.

El diputado Octavio Martínez pidió convocar al Poder Judicial para enriquecer la propuesta y subrayó la importancia de no criminalizar a las y los menores. Señaló que en el Hospital de las Américas de Ecatepec se registran mil 200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad.

Por su parte, la legisladora Miriam Silva enfatizó que los matrimonios forzados son un problema nacional y estatal, y que la legislación debe aplicarse con firmeza, más allá de los discursos.

• Evalúan también agilizar el trámite de cambio o corrección de nombre

En otro punto de la sesión, se analizó una iniciativa de la diputada Elena García Martínez (Morena) para reformar el Código Civil estatal y agilizar el procedimiento de cambio o corrección de nombre, que actualmente puede tardar entre cuatro y ocho meses.

• En 2023 se registraron más de cinco mil solicitudes de este tipo en el Estado de México.

La diputada Álvarez Villavicencio respaldó la necesidad de agilizar el trámite, pero se pronunció por mantener y fortalecer al Consejo Dictaminador del Registro Civil, en lugar de eliminarlo como propone la iniciativa.

El diputado Octavio Martínez señaló que muchas solicitudes buscan corregir errores ortográficos y que el proceso debería ser más ágil, especialmente para personas adultas mayores. Recordó que el INE permite el reconocimiento de identidad de género con un trámite sencillo, lo que demuestra que es posible simplificar procesos.

La legisladora Miriam Silva afirmó que la propuesta retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llamó a reformar los reglamentos internos del Registro Civil para lograr una modificación integral.

La iniciativa también propone reducir el tiempo de resolución de 30 a 15 días hábiles y eliminar procedimientos innecesarios.