ARTÍCULO

ESTIGMATIZAR, ACALLAR, CENSURAR: MUJERES PERIODISTAS EN RIESGO

Por: Lucía Melgar Palacios

Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo. México es uno de los países más letales para quienes se dedican a informar, sobre todo si se atreven a documentar graves casos de corrupción, violaciones de derechos humanos , desapariciones y protestas sociales que molestan a los poderosos. Solo en 2022, han sido asesinados doce periodistas, de los cuales cinco son mujeres.

Las agresiones, sin embargo, no solo conducen a la muerte. A la precariedad que padece ya una mayoría de periodistas, sobre todo en los estados, se añaden violencias que afectan su vida cotidiana, su fuente de ingresos, su tranquilidad: amenazas, hostigamiento laboral y sexual, espionaje, robo… agresiones repetidas que amedrentan, aíslan, obligan al desplazamiento forzado, al abandono de la profesión, al exilio.

La situación en el país es tan grave que la semana pasada dos medios independientes importantes difundieron información acerca de la censura que amenaza la libertad de expresión y el derecho a saber, a ser informadas. Por una parte, el director de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, denunció una amenaza de muerte en su contra así como hostigamiento y espionaje a integrantes de su equipo este año.

Por otra parte, CIMAC, encabezada por Lucía Lagunes, presentó y publicó el informe  “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022” que muestra que, si la condiciones para los periodistas son difíciles, el peso del machismo y el deprecio del régimen actual por las mujeres agrava la situación de las mujeres periodistas, en particular cuando se les estigmatiza desde la tribuna matutina, descalificación que reverbera en el ámbito cotidiano y en el espacio digital.

En su prólogo de este importante documento, Lydia Cacho evoca desde su exilio en Madrid el ataque dirigido contra ella en 2019, del que se libró por no estar en su casa.  El exilo es solo el efecto más radical de la impunidad de la violencia que ha vivido una de las periodistas mexicanas más valientes  y reconocidas. En su caso como en otros, las huellas de la violencia se manifiestan en estrés postraumático, aislamiento, precariedad y hasta críticas por no dar la imagen de “víctima” que movería a la lástima o la compasión. Las referencias de Cacho al distanciamiento de hombres colegas suyos muestra también el aislamiento en que caen quienes son estigmatizadas desde el poder.

El informe en sí despliega, con rigor y contundencia, un desolador panorama de la condición de las periodistas mexicanas en el primer trienio del gobierno actual.

Si ya los riesgos para ellas eran altos desde el inicio de la militarización “contra el narco”, se han intensificado bajo un régimen que ve en la libertad de expresión y en el derecho a la información un obstáculo para la construcción de una imagen idílica de la realidad nacional. Con datos claros, Lucía Lagunes explica, por ejemplo, cómo en sus conferencias matutinas el presidente busca acallar a los medios críticos, censurarlos – y por tanto minar nuestro derecho a saber–, sin considerar que “las palabras importan” y que la condena presidencial repercute en la imagen, el prestigio, la seguridad y la vida de quienes caen bajo su mira.

Las mujeres periodistas, en particular, han sido cuestionadas, marginadas, estigmatizadas e infantilizadas tanto en Palacio como en los estados, por cuestionar la demagogia oficial, hacer preguntas “incómodas” o defender la validez de sus investigaciones. Lejos del estereotipo machista que las arrumbaba en la sección de cultura o sociales, muchas de ellas son las principales investigadoras de asuntos de corrupción, desaparición forzada, feminicidio, despojo a comunidades, y otras dolorosas realidades. CIMAC mismo es ejemplo de cómo una perspectiva feminista de la realidad transforma lo que se considera relevante y responde a las necesidades informativas (y de denuncia en algunos casos) de la mitad de la población, a menudo ignorada en medios hegemónicos.

Estigmatizadas desde el Ejecutivo, las periodistas han sido además insultadas, hostigadas, amenazadas de violación o muerte, en el espacio cotidiano y digital por seguidores del régimen, funcionarios, criminales anónimos y hasta colegas que las consideran “problemáticas”. La amenaza a sus familias, la negación de información, el acoso sexual son algunas de las manifestaciones de violencia diferenciada que padecen, en una sociedad que, en vez de reconocer su valía, las discrimina doblemente. Con toda razón, Lagunes recalca que las palabras (sobre todo presidenciales) tienen  efectos corrosivos en el discurso público y pueden sobre todo detonar violencias que rebasan lo verba (de por sí destructivo de reputaciones y peligroso como violencia psicológica y justificación de la violencia).

Dado el contexto de violencia extrema en  el país y la difusión cotidiana de lo que puede considerarse “discurso peligroso” si no “discurso de odio”, no es de extrañar que hayan aumentado las solicitudes de inclusión en el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de DDHH. Tampoco sorprende que éste siga siendo ineficaz, puesto que además de deficiencias estructurales que se han señalado desde hace tiempo, no cuenta con recursos financieros ni humanos suficientes y ha sido debilitado por la política de “austeridad”.

La lectura de este riguroso informe invita a reflexionar sobre el valor del periodismo feminista y hecho por mujeres (reporteras, fotógrafas, investigadoras, columnistas y presentadoras) y a defender activamente su trabajo. La defensa del derecho a la libertad de expresión pasa por la defensa de las periodistas  y medios que arriesgan su vida y  tranquilidad por nuestro derecho a saber.