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LXII Legislatura mexiquense endurece sanciones contra corrupción y omisiones en investigaciones de feminicidio.

Las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron imponer hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas que, en el ámbito de procuración y administración de justicia, incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstruyan investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.

La iniciativa, presentada por la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena), establece además sanciones de 100 a 150 días multa, destitución o inhabilitación del cargo. La propuesta reformaría el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obligando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y debida diligencia, bajo el protocolo de feminicidio.

La diputada González subrayó que la iniciativa representa un paso firme para fortalecer las instituciones y garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente. Recordó que la propuesta retoma las demandas de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010, cuyo caso fue reabierto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015, convirtiéndose en un precedente histórico.

Durante la sesión, legisladoras y legisladores como Nelly Brígida Rivera Sánchez, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, Octavio Martínez Vargas, Selina Trujillo Arizmendi y Ana Yurixi Leyva Piñón coincidieron en la urgencia de fortalecer el marco normativo, atender las deficiencias en las investigaciones y garantizar que las víctimas no sean revictimizadas.

La iniciativa, también conocida como “Mariana Lima Buendía”, coloca al Estado de México a la vanguardia nacional, al tipificar por primera vez de forma autónoma el delito de negación de justicia por razones de género, enviando un mensaje contundente: la omisión, negligencia y complicidad dentro de las instituciones también son delitos y serán castigados.

Actualmente, el Código Penal estatal establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de multas de 700 a 5 mil días, que pueden incrementarse en una tercera parte por diversas agravantes.