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CONGRESO MEXIQUENSE ARMONIZA LEGISLACIÓN CON CRITERIOS DE LA SCJN

*El dictamen reconoce la proporcionalidad de las penas y fortalece el sistema de justicia penal estatal

En comisiones del Congreso mexiquense se aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, estableciendo como nueva pena máxima 70 años de cárcel.

Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia coincidieron en que la prisión vitalicia implica la privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión o reducción de la pena, lo que anula cualquier expectativa de reinserción y convierte la sanción en una medida meramente retributiva.

El dictamen, que conjuntó las iniciativas de la diputada Sofía Martínez Molina (PT) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, resalta que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta figura contradice la finalidad del sistema penitenciario y es incompatible con el estándar constitucional que exige mecanismos para evaluar el progreso de la persona sentenciada y su posible reincorporación a la sociedad.

La diputada Martínez subrayó que la reforma armoniza la legislación local con los criterios de la SCJN y fortalece un sistema penal más justo y respetuoso de la dignidad humana. “Eliminar la prisión vitalicia no debilita la respuesta del Estado ante delitos graves; por el contrario, fortalece un sistema más justo y humano”, puntualizó.

El proyecto establece que en los procesos donde se haya impuesto prisión vitalicia, la autoridad jurisdiccional deberá revisar y adecuar la pena conforme al grado de culpabilidad y parámetros de punibilidad.

Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la medida corrige un exceso legislativo aprobado en 2019 y evita sanciones consideradas arbitrarias. La diputada Miriam Silva Mata (PVEM) celebró que la reforma se construya bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Con esta decisión, el Congreso mexiquense avanza hacia la consolidación de un sistema penal más justo, proporcional y acorde a los principios constitucionales.