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CONGRESO RECIBE INFORME ANUAL SOBRE DESTINO DE BIENES VINCULADOS A PROCEDIMIENTOS PENALES

La LXII Legislatura mexiquense recibió el Informe sobre el Destino de Bienes 2024, presentado por el coronel Gerardo René Herrera Huízar, director general del Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México.

• Gestión responsable y transparente de bienes asegurados para el beneficio social

El documento, leído por la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), detalla las acciones de destino final realizadas, entre las que se incluyen chatarrización, comodato, destrucción, devolución, donaciones, transferencias al gobierno estatal y transferencias a núcleos agrarios.

Destaca especialmente la transferencia al Gobierno del Estado de México de tres inmuebles que fueron debidamente regularizados en términos registrales, fiscales y administrativos, así como de numerario extinto, todos ellos producto, objeto o instrumento de delitos o resultado de procesos penales, y que ahora se destinan para beneficio de la sociedad mexiquense.

El informe explica que el instituto administra bienes asegurados que, una vez que cuentan con una determinación jurisdiccional o ministerial de destino final, son sometidos al Comité Directivo para la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, Decomisados o de Extinción de Dominio del Estado de México, que ordena las acciones necesarias para cumplir sentencias definitivas y decisiones ministeriales.

De esta forma, se cumple con la obligación legal de informar anualmente a la Legislatura sobre el destino de estos bienes, en concordancia con lo establecido en la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de México.

Cabe destacar que este instituto es una unidad administrativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de gestionar bienes asegurados, embargados, abandonados, decomisados o de extinción de dominio, así como de autorizar su destino legal y administrar los recursos derivados de su enajenación, contribuyendo así al bienestar social mediante el aprovechamiento de recursos vinculados a hechos delictuosos.