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CONGRESO MEXIQUENSE APRUEBA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

En comisiones unidas del Congreso del Estado de México fue aprobada, por mayoría de votos, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta iniciativa surge como parte de las reformas constitucionales que reestructuran el sistema judicial mexiquense, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y garantizar una impartición de justicia más eficiente, imparcial y accesible.

La propuesta fue presentada por los coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM y PT, y recibió el respaldo de sus respectivas bancadas. En contraste, PRI, PAN, PRD y MC votaron en contra, argumentando falta de tiempo para revisar a fondo el dictamen y cuestionando la rapidez del proceso legislativo.

Durante la sesión, se incorporaron reservas relevantes. El diputado Octavio Martínez propuso que se requiera el voto de dos terceras partes de los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos. Por su parte, el legislador Eduardo Zarzoza planteó que las faltas administrativas incluyan resoluciones emitidas de forma dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable, no solo en relación con la Constitución, sino también con tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La reunión fue presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, quien destacó que el proyecto integró propuestas de diversas bancadas. También participaron legisladoras y legisladores de Morena, PVEM, PT, PAN y MC, quienes debatieron sobre el alcance y los tiempos del proceso.

La nueva ley contempla la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, con lo cual se establece una clara separación entre las funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias. Según el dictamen, estas modificaciones permitirán enfrentar problemáticas como la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia en el uso de recursos públicos, además de mejorar los procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial.

La LXII Legislatura tiene un plazo de 160 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto publicado el 6 de enero de 2025, para aprobar las adecuaciones necesarias. De ser avalada por el Pleno, esta nueva ley sustituirá a la vigente desde octubre de 2022.